Sociedades

A propósito de las Sociedades Tipo B en Colombia

A modo resumido, las Benefit Corporations son una de las formas en que se ha querido dar una posibilidad de avance dentro del Derecho Societario a la discusión sobre la responsabilidad social empresarial o a la preponderancia dentro del concepto de interés social, de grupos de interés diferentes a los de los aportantes de capital (socios o accionistas).

La teoría del levantamiento del velo corporativo en los grupos societarios

Comprender cómo una teoría jurídica societaria afecta el desarrollo de un fenómeno económico es una tarea compleja,pero si además se considera que esta anomalía se inmiscuye en otro suceso mercantil,como es el de una situación patrimonial de hecho,el asunto aparece aún más confuso;comenzando de esta manera,y a partir de tales supuestos,es un deber concretar el marco en el cual se moverá esta investigación.

La regla del criterio empresarial de los administradores en Colombia

Uno de los temas más recurrentes de análisis y reflexión en el moderno derecho de sociedades a nivel comparado se ha tejido sobre la necesidad de incorporar en los distintos ordenamientos jurídicos la llamada “regla del buen juicio empresarial” o “regla de la discrecionalidad” (en inglés “Business Judgment Rule”). Esta regla consiste en que cuando el administrador actúe de manera informada, de buena fe y en interés de la sociedad, el juez no debe valorar la bondad de sus decisiones, en sede del análisis del deber de diligencia, independientemente de que sus decisiones hubieren resultado favorables o perjudiciales para la sociedad.

Comentarios sobre referentes normativos en materia de Soborno Transnacional y Gobierno Corporativo

Tradicionalmente los temas de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción empresarial eran temas que se manejaban bajo instrumentos voluntarios de buen gobierno para empresas no pertenecientes al sector financiero, y para las del sector financiero bajo requerimientos específicos de carácter obligatorio. No obstante, desde el 2012 con el Decreto 1023, el Gobierno y en particular la Superintendencia de Sociedades, se considera que no se trata de riesgos exclusivos del sector financiero, y que al ser estos riesgos un obstáculo para el desarrollo de actividades económicas en escenarios de libre competencia, las sociedades del sector real, que son la mayoría dentro del universo societario, deberían tener parámetros regulatorios sobre los temas mencionados.