13 de noviembre de 2026

¡LAS CIFRAS NO MIENTEN! ESTUDIO REVELA QUE SÍ HAY UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y LA ADHESIÓN POR LOS ESTADOS AL CONVENIO CIADI 

Por: Diana Correa, Ph.D.[1]

Mucho se ha discutido sobre la relación que hay entre el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (la “IED”) en un Estado, de un lado, y la adhesión de este último al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el “CIADI” y el “Convenio CIADI”) así como a tratados bilaterales de inversión (los “TBI”) o de libre comercio (los “TLC”) con capítulo de inversión (el “sistema ISDS”), de otro lado.

Producto de este debate, las posiciones se encuentran divididas entre quienes, de una parte, creen que no hay relación directa entre esos dos extremos, considerando que en cualquier estado de causa, el inversor que quiera invertir en un Estado determinado lo hará indistintamente de que ese Estado sea parte del Convenio CIADI o no, o de que haya celebrado tratados de protección de la inversión extranjera o no[2] y, de otra parte, entre quienes sí consideran que hay una relación directa entre dichos extremos porque un Estado que goza de un marco jurídico estandarizado en materia de inversión extranjera envía una señal positiva y favorable a la captación en su territorio de dicha inversión[3].

En ese contexto, el reciente estudio “Investor-State Arbitration and Foreign Investment: Evidence from ICSID Membership”[4] del Banco Mundial, aporta algo especialmente valioso a este debate, no desde una defensa puramente ideológica y teórica del sistema, sino desde una evidencia empírica sobre una pregunta concreta y ampliamente disputada, a saber, si el sistema ISDS, incluyendo la adhesión al CIADI, incide efectivamente en los flujos de inversión extranjera directa en un Estado.

La tesis central del estudio es clara y busca demostrar que la pertenencia al marco institucional del CIADI se asocia con un aumento sustancial y persistente de la IED bilateral, mientras que el primer caso públicamente conocido de arbitraje inversor-Estado no produce una reducción estadísticamente significativa de esos flujos[5]. Ese resultado no resuelve íntegramente el problema sobre legitimidad del sistema ISDS que ha generado sendas reuniones de trabajo del Grupo III de trabajo sobre la Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (el “Grupo III” y la “CNUDMI”), pero sí invita a matizar un ángulo de las críticas, según el cual, el arbitraje CIADI sería un mecanismo costoso y cuestionable[6].

Ahora bien, reconociendo que el sistema de arbitraje CIADI no crea un consentimiento per sé a arbitrar ni genera un régimen jurídico de protecciones a la inversión porque estos dependen de los tratados de inversión, el estudio parte de una situación clásica de economía política internacional para demostrar por qué la membrecía al CIADI favorece el ambiente pro inversión[7]. En efecto, en el estudio se plantea que la inversión extranjera se suele presentar inicialmente con una movilidad importante de capitales o de costos hundidos que queda sujeta al derecho del Estado que la acoge, el cual puede evolucionar en el tiempo y generar tensiones con el inversor extranjero, lo que, según los autores del estudio, puede desalentar la inversión desde el inicio[8]. Bajo esa lógica, del estudio se desprende que el ISDS ofrece “un foro neutro e independiente” para resolver disputas que, además, refuerza la credibilidad de los compromisos estatales[9].

Sin excluirlos de su análisis, los autores no basan sus conclusiones en la existencia de tratados de inversión porque esos instrumentos suelen combinar protecciones sustantivas con mecanismos de solución de controversias, lo que dificulta separar el efecto de los derechos materiales del efecto del foro que los hace exigibles, prefiriendo tomar como variable central la membresía estatal en el CIADI[10] que, al no contener dichas protecciones sustantivas y procesales y sólo activar cláusulas de arbitraje o conciliación ya contenidas en tratados, leyes o contratos, permite así aproximarse, de manera más fina, al efecto de participar en un marco institucional internacional de solución de controversias, en vez de medir de manera indistinta el paquete completo de protección inversor-Estado[11].

Ahora bien, en términos de data, el estudio combina datos de flujos bilaterales anuales de IED en dólares constantes entre 1980 y 2024, provenientes de UNCTAD, restringidos a los 29 principales países de origen, que representan aproximadamente el 95 % de la IED global del período[12]. El informe distingue además tres momentos de la relación con el Convenio del CIADI, a saber, la firma, la ratificación y la entrada en vigor, tratando esta última como el indicador preferido porque es cuando la membresía se vuelve jurídicamente operativa y se crea el acceso al marco del CIADI.

En el plano econométrico, los autores emplean un estimador Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (el “PPML event-study“) apto para adopción escalonada y efectos heterogéneos del tratamiento. Esta elección no es trivial, pues los flujos bilaterales de IED son no negativos, muy asimétricos y contienen numerosos ceros; de hecho, 77,4 % de las observaciones son cero. Las especificaciones incluyen efectos fijos por día y por año, así como controles por TBI, otros acuerdos internacionales de inversión, acuerdos comerciales y conteos de tratados del Estado receptor de la inversión, con el fin expreso de distinguir el efecto del CIADI de la proliferación paralela de tratados[13].

Con este panorama metodológico hecho, el estudio revela su hallazgo principal consistente en que la adhesión al CIADI se asocia con un incremento grande y persistente de los flujos bilaterales de IED en el Estado miembro, lo cual aparece claramente demostrado como un valor real, identificable y no puramente simbólico o teórico como se solía discutir en varios foros sin data real[14]. Los efectos en el incremento de la IED aparecen inmediatamente después de la entrada en vigor del Convenio y permanecen positivos en los años siguientes, volviéndose estadísticamente significativos tras la ratificación y evidenciándose con mayor claridad después de la entrada en vigor, mientras que la firma muestra coeficientes positivos pero imprecisos. En términos interpretativos, ello sugiere que la reacción del inversionista no responde solo a una señal política de haberse adherido al Convenio CIADI, sino a la credibilidad de un sistema de solución de controversias jurídicamente operativo con el sistema que ofrece el CIADI ya en vigor[15].

El estudio también examina si el primer caso públicamente conocido de ISDS contra un Estado reduce la inversión, concluyendo que no hay una caída estadísticamente significativa, ya sea que se trate del primer caso en cualquier foro, del primer caso administrado por el CIADI o del primer caso no CIADI[16]. En otras palabras, la ganancia de credibilidad asociada a la membresía no parece quedar anulada por un efecto reputacional negativo detectable cuando el Estado enfrenta su primer arbitraje.

El trabajo describe el sistema CIADI como el “foro global líder para la resolución de disputas Estado-inversor”[17], destacando que ha administrado aproximadamente dos tercios de los casos conocidos basados en tratados, lo que subraya su papel central en la expansión contemporánea del arbitraje de inversión. Y esto no es irrelevante, pues sin importar si el inversor tiene o no un hato contractual con el Estado que acoge su inversión, gozar de un foro neutro, imparcial y especializado para resolver sus disputas que llegue a tener con el Estado anfitrión, no es una ventaja menor, como tampoco lo es para el Estado que requiere mantener un flujo constante de IED que le permita tener una economía sana con inversión local y extranjera activas. Esto es justamente lo que ofrece el CIADI

En efecto, el CIADI es un sistema autosuficiente[18], siendo uno de los raros ejemplos actuales y reales de arbitrajes deslocalizados o sin sede arbitral como se requiere para los arbitrajes internacionales[19], con un sistema de anulación de laudos incluido que garantiza su coherencia y un sistema de reconocimiento de laudos que, con las ligeras distinciones de cada jurisdicción, en particular sobre las reglas internas de inmunidad de ejecución, debería ser automático entre los Estados miembros, de suerte que los laudos CIADI sean reconocidos como si fueran sentencias de derecho interno[20].Así las cosas, en momentos de búsqueda de la legitimación del sistema ISDS, este estudio aporta luces concretas y empíricas que, sin solucionar todas las críticas, sí aporta confianza y seguridad jurídica en el sistema de resolución de disputas de inversión CIADI


[1] Docente del Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados

[2]Andrew Kerner, What Can We Really Know about BITs and FDI?, in ICSID Review – Foreign Investment Law Journal Vol. 33 Issue 1, 12 April 2018, pp. 3-4.

[3]Rodrigo Polanco Lazo, Missing Investment Treaties, in Journal of International Economic Law Vol. 21 Issue 3, 25 May 2018, pp. 703-704.

[4]Falcone, Guillermo, Guido Porto, Bob Rijkers, y Daria Taglioni. «Investor-State Arbitration and Foreign Investment: Evidence from ICSID Membership». Policy Research Working Paper 11490, World Bank, Washington, DC, 2026. Ver el estudio en: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099826010262636476/pdf/IDU-a3637b8e-14e9-4e3a-9e6b-dca18246f487.pdf

[5]Ibid. pp. 21-22.

[6]Paula Henin, CHAPTER 5: A New Generation of International Investment Agreements – The Promise of a Bright New World Meets the Law of Unintended Consequences, in Investment Treaty Arbitration and International Law Vol. 12, 01 January 2019, pp. 106-107.

[7]Falcone, Guillermo, Guido Porto, Bob Rijkers, y Daria Taglioni. «Investor-State Arbitration and Foreign Investment: Evidence from ICSID Membership». Policy Research Working Paper 11490, World Bank, Washington, DC, 2026. p. 1-2, 4.

[8]Ibid. p. 1.

[9]Ibid. p. 1.

[10]Ibid. p. 3

[11]Ibid. pp. 3-4.

[12]Ibid. p. 10.

[13]Ibid. p. 12.

[14]Ibid. p. 14.

[15]Ibid. p. 14.

[16]Ibid. pp. 19, 20.

[17]Ibid. p. 20.

[18]Article 26 – Exclusive Remedy, in Schreuer’s Commentary on the ICSID Convention, Third Edition, 1 enero de 2022, pp. 543-544.

[19]Jacomijn J. Van Haersolte-van Hof, Erik V. Koppe, International arbitration and the lex arbitri, in Arbitration International Vol. 31, Issue 1, 1 marzo de 2015, pp. 49-50; Sylvia Tonova, Chapter 9: Compliance and Enforcement of Awards: Is There a Practical Difference between ICSID and Non-ICSID Awards?, in Investment Treaty Arbitration and International Law, Vol. 5, 1 junio de 2012, p. 260.

[20]Background Paper on Annulment For the Administrative Council of ICSID, in ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Vol. 27, Issue 2, 30 de octubre de 2012, pp. 447-448; Katia Yannaca-Small, Annulment of ICSID Awards, in Arbitration Under International Investment Agreements, pp. 727-729; Article 54 – Enforcement, in Schreuer’s Commentary on the ICSID Convention, Third Edition, 1 enero de 2022, p. 1471; Gaëtan J. Verhoosel, Annulment and Enforcement Review of Treaty Awards: To ICSID to Not ICSID, in ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Vol. 23, Issue 1, 1 de marzo de 2008, pp. 119-120.