LIQUIDEZ SIN MEJORES REGLAS: EL PLAN DE CHOQUE QUE MANTENDRÁ EL SISTEMA EN CUIDADOS INTENSIVOS

Por: Katherine Flórez Pinilla^[1]

La intención es buena. Nadie discute que un paciente con cáncer, VIH o enfermedad renal no puede esperar. Lo que se discute es si la intención es suficiente para esperar que el sistema mejore.

La ministra Vesga dice que se trata de “generar la liquidez necesaria”. Pero el sistema no está enfermo de liquidez; la iliquidez es el síntoma de la enfermedad. Según UNIPS, las EPS tienen $41,5 billones en cuentas por pagar, de los cuales $38,4 billones llevan más de 90 días de mora. Eso no es un bache de caja, es una falla regulatoria. La UPC, que el propio Ministerio y la Corte Constitucional reconocen mal calculada, no refleja el riesgo real. Medicamentos y procedimientos se expanden por vía judicial sin reglas de financiación. La supervisión interviene sin resolver lo que ella misma impulsa. Un crédito 0% no corrige ninguna de esas reglas: compra tiempo y lo cobra después. Dentro de un año, con las mismas reglas, la deuda seguirá ahí, ahora con el Estado como acreedor.

Por eso, no reformar es la decisión más costosa. No reformar no significa estabilidad ni genera confianza: significa mantener intactas las reglas que produjeron la crisis. El problema no es la existencia del aseguramiento sino su estrechez bajo el diseño institucional. Los recursos no salvarán el sistema mientras persistan al menos cuatro fallos: rigidez de precio y producto en la relación Adres–EPS, presión judicial sin reglas de financiación, intermediación sin valor agregado y una red prestadora estática. Ninguno se cura con caja. Requieren una reforma; no la del gobierno anterior, sino una que haga funcionar la competencia en la intermediación y en la prestación, capitalice el sistema y mejore el flujo de recursos.

Y aquí aparece la segunda contradicción. El Gobierno defiende a las EPS, pero las saca del circuito del pago en el plan de choque. El giro directo, convertido en pieza central del plan, reduce a la EPS a auditora de facturas y convierte a la Adres en pagador de hecho. Es, paradójicamente, el modelo que el Gobierno dice rechazar: un fondo público que paga sin intermediarios.

Alain Enthoven diseñó la “competencia regulada” sobre una premisa básica. Los aseguradores reciben una prima ajustada por riesgo, asumen el riesgo financiero y compiten por afiliados comprando activamente servicios. Por encima de ellos, un patrocinador fija las reglas del juego, pero no reemplaza a los jugadores. La capacidad de contratar y pagar es lo que convierte al asegurador en comprador descentralizado que multiplica y territorializa el valor en salud. Si paga la Adres, la EPS pierde la herramienta con la que debía disciplinar costos y calidad, el prestador deja de responderle y la competencia se vuelve ficción. El giro directo puede justificarse como medida excepcional para EPS intervenidas; como regla general, debilita el modelo que se pretende salvar.

Lo mismo ocurre con la Nueva EPS. Reducir sus afiliados por traslado administrativo, y no por libre elección informada, repite la lógica de asignación que ha erosionado la competencia entre EPS.

El país necesita otra agenda: una UPC ajustada por riesgo, un plan de beneficios con reglas explícitas de inclusión y financiación, una Adres profesionalizada y limitada a mancomunar recursos y pagar primas, incentivos para la capitalización, no a sustituir al asegurador, libertad de elección real para el usuario.

El plan de choque puede aliviar a un millón de pacientes en diciembre. Pero si en enero las reglas son las mismas, en junio habrá otro millón esperando. La salud no necesita solo más recursos, necesita mejores reglas. Y eso, se llame como se llame, es una reforma.

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^[1] Docente Departamento Derecho de la Empresa y los Mercados- UExternado.