Open Finance en Colombia: grandes desafíos, mayores expectativas

El Open Finance está revolucionando el acceso y uso de datos financieros en Colombia, otorgando a los usuarios mayor control y facilitando la innovación en productos y servicios. Ángel Sierra, experto en Fintech y líder regional, analiza los retos y oportunidades del decreto que busca implementar este modelo obligatorio, resaltando la importancia de la seguridad, la inclusión y una gobernanza sólida para consolidar un sistema financiero más competitivo y transparente.

Ángel Sierra es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, MBA de la Universidad Georg Simon Ohm de Alemania, y uno de los líderes más influyentes del ecosistema Fintech en América Latina. Fue cofundador de Colombia Fintech y fundador de FinteChile, desde donde impulsó la Ley Fintech chilena. Hoy dirige el Open Finance Institute, promoviendo la adopción de finanzas abiertas en la región.

En esta entrevista, nos explica qué es el Open Finance, los desafíos de implementación en Colombia y qué lecciones deja la experiencia chilena para construir un ecosistema más competitivo, interoperable e inclusivo.

YG: ¿Qué es el Open Finance y cuáles son sus implicaciones globales y nacionales?
El Open Finance es el empoderamiento de las personas y las empresas respecto a sus datos frente al sistema financiero.

Durante mucho tiempo se ha tenido la falsa idea de que los datos le pertenecen a los proveedores de servicios financieros, pero eso no es así. La Constitución reconoce que los datos son nuestros, y más aún: nos da el derecho de moverlos hacia donde queramos.

Hoy, la tecnología permite que esa movilización de datos se haga de forma digital, segura y eficiente. El Open Finance facilita compartir esa información con terceros, siempre con el consentimiento del consumidor financiero, para que esos terceros puedan ofrecer mejores productos o servicios, ya sea por calidad, por tarifa u otras condiciones.

Entonces Open Finance es el reconocimiento de que los datos son del usuario, que puede compartirlos fácilmente, y que otros pueden generar valor a partir de ellos para su propio beneficio.

YG: En el borrador del decreto de la URF que está en discusión, inicialmente Colombia adoptó un enfoque voluntario para el Open Finance. ¿Por qué se consideró necesario pasar a un modelo obligatorio?

AS: Colombia comenzó en 2022 con un esquema voluntario de Open Finance, bajo un primer decreto expedido por la URF. Allí se establecieron algunos estándares técnicos, pero rápidamente se evidenció lo que ya mostraba la experiencia internacional: que un modelo voluntario no funciona. Hoy, más de 90 países están implementando esquemas de Open Finance y el 66% lo hace bajo un formato obligatorio. La razón es sencilla: si solo una parte del sistema participa, el consumidor financiero no puede aprovechar los beneficios reales. Por eso, Colombia decidió avanzar hacia un modelo obligatorio.

El segundo borrador del decreto fue publicado en junio de este año, recibió comentarios hasta el 4 de julio, y ahora el mercado espera el decreto final, que se estima saldrá entre septiembre y noviembre de este año. Este nuevo marco establece que todos los supervisados por la Superintendencia Financiera deberán abrir sus datos a través de APIs, conforme a los estándares técnicos que defina la entidad y siempre con consentimiento del consumidor financiero.

YG: El proyecto de decreto propone que el acceso a los datos sea gratuito, partiendo de la idea de que pertenecen a cada consumidor. Pero construir y mantener la infraestructura para compartirlos tiene costos. ¿Qué implicaciones tendría esta gratuidad para la sostenibilidad del modelo?

AS: El principio de gratuidad es válido: los datos son del ciudadano y no se le puede cobrar por ellos. Pero eso no implica que todo el ecosistema funcione sin costo. Compartir datos requiere que las entidades inviertan en infraestructura, y si no se contemplan mecanismos de recuperación de costos, el modelo podría no ser sostenible.

En países como Brasil o Chile se han adoptado esquemas freemium: el acceso básico es gratuito, pero se cobran servicios avanzados o de mayor volumen. En Colombia, a diferencia de casos como Arabia Saudita, no se prevé apoyo estatal. Por eso, si el decreto no incluye un modelo de sostenibilidad financiera, esos costos terminarán trasladándose al consumidor financiero por otras vías: tasas, comisiones o seguros más caros.

Lo ideal sería que el texto final contemple un esquema claro que reconozca el esfuerzo de quienes operan la infraestructura, sin que el consumidor pague de forma encubierta.

YG: En materia de ciberseguridad y tratamiento de datos, ¿qué nivel de garantías ofrece el decreto?
El decreto es muy claro: se adoptarán estándares internacionales de alto nivel para asegurar que el flujo de datos se haga de forma segura. Aunque ningún sistema está blindado al 100%, los niveles de seguridad serán elevados. Si se presentan vulneraciones, la Superintendencia deberá sancionar a por los incumplimientos o brechas de seguridad. En esencia, el decreto busca blindar el proceso y brindar tranquilidad a los consumidores financieros: que el intercambio de información se hará con garantías reales y bajo supervisión estricta.

¿Cómo se manejarán los riesgos asociados a la participación de actores no regulados, como algunas Fintech, en el ecosistema de Open Finance?

El decreto propone la figura de los terceros de confianza —dentro de las que se encuentran las entidades procesadoras de pago de bajo valor, entre otras— que no supervisan, pero sí verifican que los no vigilados cumplan con estándares técnicos y de seguridad antes de entrar al ecosistema.

Además, el sistema operará bajo el principio de reciprocidad: si un actor quiere consumir datos, debe estar dispuesto a compartir los suyos. Esto permitirá que otros sectores como telecomunicaciones o comercio participen, pero bajo reglas claras y simétricas.

YG: Uno de los grandes retos del Open Finance es lograr que los consumidores financieros entiendan qué significa que sus datos serán compartidos. ¿Qué está previsto en términos de educación financiera?

AS: Es un desafío enorme, porque no solo se trata de educación financiera sino también digital. El consumidor fianciero debe entender qué implica dar consentimiento y qué beneficios puede obtener. Muchas entidades ya están trabajando en educar a sus clientes y prevenir fraudes. Lo esperable es que la Superintendencia también abra un capítulo educativo específico sobre el tema.

YG: ¿Y cómo será la experiencia del usuario al dar ese consentimiento?

AS: Mucho más clara. No habrá contratos eternos: el consumidor verá una pantalla donde podrá elegir qué datos compartir, con quién, por cuánto tiempo y para qué. Esa transparencia empodera al ciudadano y permite ofrecerle mejores condiciones y productos ajustados a su perfil. Esa es la esencia del Open Finance.

¿Cómo evitar que el Open Finance se quede solo en manos de quienes tienen acceso a internet, dejando por fuera a las poblaciones rurales o excluidas del sistema financiero?

AS: El decreto no aborda la brecha de conectividad, pero el mercado ya está respondiendo. En Brasil, Nubank, identificó este problema y creó NU Telco, una unidad de telecomunicaciones para ampliar el acceso a internet y, con ello, a servicios financieros digitales.
Esto muestra cómo la competencia, más que la regulación, está impulsando modelos que integran tecnología, datos e inclusión. En Latinoamérica, Open Finance se ve como una vía para fomentar innovación, y no sería raro que jugadores como Nubank hicieran algo similar en Colombia, presionando a los actores tradicionales a innovar.

YG: ¿Cómo evalúas el enfoque del borrador del decreto de Open Finance en materia de gobernanza, considerando tu experiencia tanto en Chile como en Colombia?

Como se discutió en el panel del Externado, el decreto de enero incluía un componente clave de gobernanza que fue eliminado en junio, lo cual preocupa a la industria. Se trata de una infraestructura enorme que requiere inversión, pero también participación del sector financiero en su mantenimiento y supervisión. Es lógico que quienes la construyen ayuden a administrarla. Sin embargo, Colombia no contempla una instancia de cocreación público-privada. Estudios de la Universidad de Cambridge con Fair Finance Consulting muestran que la gobernanza es el factor crítico número uno en estos procesos. La experiencia internacional demuestra que estas instancias fortalecen la estabilidad, permiten evolución y evitan que el modelo se debilite en el corto plazo. Sin esa base, Colombia iniciaría en desventaja.

YG: ¿Qué otros aspectos del decreto crees que deberían revisarse antes de su publicación?

AS:  Sería muy positivo considerar un esquema de waivers o dispensa, como hizo Brasil. Es decir, que el regulador tenga herramientas para posponer o suspender temporalmente la entrada de actores que aún no están listos. Eso fomenta la competencia sin sacrificar estabilidad. Si no se hace, algunas microfinancieras o bancos de nicho podrían verse comprometidas al inicio del proceso.

Otro tema clave son los plazos. Colombia plantea que en menos de dos años ya se estén compartiendo los primeros datos de los usuarios sin haber hecho las respectivas pruebas con datos abiertos como por ejemplo la ubicación de sucursales, cajeros, tarifas, entre otros.  Este es un proceso que necesita ser calibrado, probado y afinado antes de abrirse por completo. Si se impone un ritmo apresurado, se genera ansiedad en la industria y se comprometen recursos que también deben atender otras reformas como BRE-B. Sería muy positivo incorporar mayor gradualidad a los plazos.

YG: ¿cuáles son tus expectativas concretas sobre el proyecto de decreto de la URF y el futuro del Open Finance en Colombia?

AS: Soy optimista. Aunque hay oportunidades de mejora, confío en que la URF y la Superintendencia escucharán al mercado e incorporarán elementos pendientes. Colombia tiene una oportunidad real de seguir el camino de países como Brasil e India, donde las finanzas abiertas impulsaron la digitalización, dinamizaron el sistema financiero y profundizaron el mercado de capitales. Visualizo una industria comprometida y gremios capaces de autogestionarse, incluso si la gobernanza pública es limitada. En Brasil, la industria creó su propio gremio para hacer seguimiento. Colombia podría hacer lo mismo. Esto no solo fortalecería el sistema financiero, sino que beneficiaría a toda la economía. Es una oportunidad de oro que debería ser prioridad país.