EL 48,9 % QUE NO DEMANDA: EL ODR JUDICIAL Y LA ESPERANZA DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

Por: Nicolás Lozada Pimiento^[1]

Las cifras lo confirman. Según el último informe Doing Business del Banco Mundial, hacer cumplir un contrato comercial ante un juzgado de primera instancia en Bogotá tomaba 1.288 días y costaba el 45,8 % del valor reclamado.^[2] El índice ya no se publica, pero sigue siendo la referencia para medir lo que dura un litigio comercial en el país. La Corporación Excelencia en la Justicia, por su parte, registra así el índice de congestión de la jurisdicción civil en los últimos trece años:^[3]

Aterricemos esta gráfica. En 2025 el índice fue de 51,4 %: de cada 100 procesos que ingresaron a un despacho civil o estaban en su inventario, 51 terminaron el año sin evacuar. Es el mejor registro desde 2015, pero sigue por encima del 50,9 % con el que arranca la serie en 2013. El pico de 2020 (62,9 %) coincide con la pandemia y con el paso abrupto a la virtualidad, y la recuperación posterior ha sido lenta. Si se promedia el periodo 2016-2025, la justicia civil dejó sin resolver el 55,8 % de su carga cada año.

La respuesta de la ciudadanía también es preocupante. Según el módulo de necesidades jurídicas de  la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del DANE, ante un conflicto la ruta más frecuente fue no hacer nada, decisión que se tomó en el 48,9 % de los casos.^[4] Al preguntar por qué, el 48,4 % respondió que el problema no era importante, que no valía la pena o que resolverlo tomaba demasiado tiempo o esfuerzo.^[5]

La profesora Amy J. Schmitz, de la Universidad Estatal de Ohio, ofrece una explicación: los sistemas de justicia son “sensibles” al ruido. Quienes tienen capacidad de hacer ruido, por su capital económico, social y cultural y por su  acceso a servicios legales de calidad, son quienes logran que sus quejas lleguen a un tribunal.^[6] El resto de la población queda invisibilizada, y sus problemas pasan a lo que suele llamarse “cifra oculta”: existen, pero son difíciles de identificar y de medir porque nunca se exteriorizan.

¿Cómo nivelar el terreno para que las personas efectivamente acudan a las instituciones establecidas para resolver sus conflictos? Una  respuesta posible es llevar los sistemas de resolución electrónica de conflictos tipo ODR a la justicia provista por el Estado.  

1.     ODR y ODR judicial: qué son y por qué importan

ODR corresponde a las siglas de Online Dispute Resolution. En palabras  sencillas, es un sistema en línea, tipo plataforma, que administra procedimientos de resolución de controversias y que opera un tercero independiente.

La definición se entiende mejor por lo que excluye. Hacer audiencias por videollamada no es ODR. Tener un expediente digital, como el que ofrece el SIMASC del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, tampoco. Son herramientas que un sistema ODR usa, pero no lo definen. 

Lo que define al ODR es que el conflicto entero se gestiona en línea, desde la reclamación hasta su solución, sea por acuerdo de las partes o por decisión de un tercero. Por eso el Consejo Internacional para la Resolución de Disputas en Línea (ICODR) describe sistemas de hasta tres fases: negociación directa en la plataforma, facilitación o mediación en línea si no hay acuerdo y, como último paso, adjudicación por un juez o árbitro sobre el expediente digital. La tecnología aislada no basta. Hace falta un sistema o una plataforma que lo aglutine.

Cuando se agrega el adjetivo “judicial”, el sistema  adquiere rasgos propios. Ya no se trata  de un servicio tecnológico privado para que las partes encuentren una solución, sea autocompositiva, como la conciliación o la transacción, o heterocompositiva, como el arbitraje. Se trata de la plataformización de los poderes, reglas y estándares  de la rama judicial de un Estado. Cuando la rama judicial adopta un sistema ODR, la plataforma misma pasa a formar parte del modo en que el Estado administra justicia, y eso trae desafíos que las herramientas privadas de ODR no enfrentan.

La noción de ODR judicial no  amenaza  la labor del juez. No busca reemplazar al servidor público que administra justicia, sino abrir rutas alternativas a la tradicional para iniciar, gestionar y terminar los procesos judiciales: una vía más simple,  ágil y cercana para ciertos conflictos, en especial los de menor complejidad o alto volumen.

Las plataformas ODR son especialmente útiles para quienes litigan sin abogado, tienen ingresos limitados o  alguna discapacidad. Al eliminar el desplazamiento y simplificar el procedimiento, baja el umbral de entrada a la justicia. Y como la interacción es asincrónica, cada parte participa cuando puede, sin los tiempos muertos ni las presiones del proceso presencial.

2.     Evidencias en el derecho comparado

Existen casos reales de  ODR judicial con indicadores favorables para la ciudadanía. Difieren del contexto colombiano, pero dan indicios de lo que una implementación correcta podría aportarle a nuestro sistema de justicia.

En Estados Unidos hay varios ejemplos: la Traffic Court de Connecticut, con su sistema Online Ticket Review; el piloto de Debt and Money Due Cases de Nuevo México, y la plataforma  ODR del condado de Franklin, en Ohio, usada al principio para disputas tributarias. Todas buscan facilitar la participación de las partes y agilizar la resolución de controversias.^[7] Hagamos énfasis en dos experiencias concretas. 

El primer caso es el programa piloto de ODR de Utah para las small claims, previsto en la Standing Order No. 13 de la Corte Suprema  de ese estado, vigente desde el 19 de septiembre de 2018.^[8] El piloto importa porque incorporó una etapa de solución amistosa antes del juicio, con dos opciones: “mediación” y “ODR”. En la mediación  la comunicación es sincrónica, por videollamada. En la opción ODR es asincrónica: las partes y el facilitador se comunican por chat, SMS y correo electrónico. Si la etapa amistosa fracasa, las partes van a juicio.

Los resultados de los primeros años fueron favorables. En las cortes  de Utah que implementaron ODR, el tiempo promedio  hasta la terminación del caso disminuyó cinco semanas o más.^[9]

El segundo  es el Civil Resolution Tribunal (CRT) de Columbia Británica, en Canadá. Es un verdadero tribunal en línea, con un ámbito de competencia delimitado: 

• Disputas de menor cuantía, entre 5.000 y 50.000 dólares canadienses.
• Accidentes de vehículos.
• Propiedad horizontal o condominios (strata property).
• Asociaciones y cooperativas.
• Difusión o amenaza de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

En la mayoría de estas controversias, salvo la difusión de imágenes íntimas, el procedimiento del CRT tiene cuatro etapas: presentación y contestación de la reclamación, negociación, facilitación y decisión del tribunal. Las partes tienen así dos oportunidades de resolver la disputa antes de que el CRT decida de forma definitiva. El tribunal, además, rinde cuentas: publica los resultados de sus encuestas de percepción de usuarios. Las cifras agregadas de la encuesta de satisfacción de 2025/26 son estas:^[10]

• El 90 % consideró que el personal del CRT era profesional.
• El 78 % consideró que se le trató de manera justa.
• El 70 % recomendaría el CRT a otras personas.

Los buenos indicadores de otras latitudes no garantizan los mismos resultados  en Colombia. Sí muestran que es una conversación que debe abrirse si de verdad se busca garantizar el acceso efectivo a la justicia.

3.     Lo que cambia cuando el ODR es judicial

Schmitz advierte que  ODR no es una panacea. Pero las tensiones que más pesan en las plataformas de ODR judicial no son las de ODR en general. Cuando quien administra la plataforma es el Estado, entran en juego reglas que una empresa privada puede ignorar.

La primera es el principio de legalidad. Una plataforma privada puede ofrecer el procedimiento que quiera porque las partes lo aceptan. La rama judicial no tiene ese margen: solo puede hacer lo que la ley le permite. Un ODR judicial necesita entonces una norma que lo prevea expresamente, porque de lo contrario el juez que lo aplique se extralimitaría en sus funciones. Esa misma norma debe definir en qué disputas cabe, ya que no todo conflicto es apto para resolverse en línea, y pretender lo contrario sería una forma de negligencia institucional.

La segunda es la armonía con las normas procesales. El artículo 13 del Código General del Proceso es claro: son de orden público y no pueden ser derogadas, modificadas ni sustituidas por funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. En un ODR privado las partes pactan el procedimiento. En uno judicial, la plataforma tiene que acomodarse a las reglas de notificación, términos, pruebas y recursos que ya existen. Si no caben, el que debe cambiarlas es el legislador.

La tercera es la seguridad. Una plataforma judicial concentra expedientes, datos personales y decisiones que afectan derechos, y Colombia ya conoce el costo de una falla. En septiembre de 2023, el ataque de ransomware contra IFX Networks, proveedor de servicios tecnológicos de la Rama Judicial, llevó al Consejo Superior de la Judicatura a suspender los términos judiciales durante varios días.^[11] Un ODR judicial tendría que partir de esa lección. Necesita estándares de ciberseguridad y protección de datos al menos iguales a los de las plataformas que hoy usa la Rama, y planes de contingencia para que una caída del sistema no deje a las partes sin justicia.

La cuarta es la brecha digital. En 2021, en el 53 % de los departamentos del país menos del 10 % de la población estaba suscrita a internet de banda ancha.^[12] Hay personas sin computador, sin celular con datos o sin las habilidades para usarlos. Schmitz, además, recoge encuestas del National Center for State Courts según las cuales las personas mayores y con menor nivel educativo son menos propensas a usar ODR. Por esta razón, el ODR judicial no puede ser la única puerta, puesto que quien no tiene acceso a internet o no sabe usarlo, en todo caso debe conservar el derecho a acudir al juez en persona.

Queda un riesgo que las cifras de eficiencia no capturan. Schmitz cita un estudio del Reino Unido en el que los inmigrantes que comparecían por videoconferencia a audiencias de fianza obtenían resultados considerablemente peores que quienes comparecían en persona. Si la pantalla reduce la percepción de ser escuchado, una justicia más rápida puede terminar siendo menos justa. La pregunta, como plantea la autora, no es si el ODR amplía el acceso en abstracto, sino quién lo usa, cómo vive el proceso y qué resultados obtiene frente a quien litiga de forma presencial.

4.     Colombia: lo que ya existe y lo que falta

Una buena noticia es resaltar que Colombia no tiene por qué partir desde cero. La Ley 527 de 1999 consagró la equivalencia funcional de los mensajes de datos. El Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) previó un Plan de Justicia Digital. El Decreto 806 de 2020 extendió el uso de tecnologías en las actuaciones judiciales como respuesta de emergencia a la pandemia; la Ley 2213 de 2022 lo volvió permanente, y  la Ley Estatutaria 2430 de 2024 le dio respaldo con rango estatutario.

Esa base normativa digitalizó el proceso que ya existía, pero no lo rediseñó. Con el Decreto 806 y la Ley 2213, la audiencia pasó a la videollamada y el expediente se volvió digital, y aun así el procedimiento siguió siendo el mismo. Un ODR judicial propone otra cosa: un sistema pensado desde el ciudadano, con diagnóstico previo del conflicto, negociación asincrónica, mediación facilitada y la posibilidad de llegar al juez cuando el caso lo exige. Entre trasladar el proceso a una pantalla y diseñarlo para resolverse en línea hay una distancia que el país todavía no ha recorrido. Y recorrerla obliga a contar con la brecha digital desde el principio: para quien no tiene conexión ni equipo, la plataforma no reemplaza la ventanilla.

5.     Lo que el ODR judicial exige para funcionar bien

La implementación de ODR en la rama judicial exige algo más que una plataforma tecnológica. Requiere un marco normativo que equilibre la flexibilidad del ODR con la seguridad jurídica: la posibilidad de simplificar trámites, comunicarse de forma asincrónica y adaptar el procedimiento a las  partes debe convivir con reglas claras  sobre competencia, notificaciones, plazos, validez de las actuaciones y efectos de los acuerdos y decisiones. 

El sistema también debe garantizar el debido proceso  en los términos constitucionales y legales. Las partes deben poder conocer las actuaciones, presentar y controvertir pruebas y, cuando corresponda, obtener una decisión motivada y acceder a los recursos previstos por la ley. Eso empieza por algo básico: identificar con seguridad a quien actúa en la plataforma, porque sin esa certeza no hay legitimidad en el resultado. El diseño debe asegurar, además, un acceso efectivo y equitativo, con interfaces comprensibles, asistencia para quien la necesite y alternativas para quien enfrenta barreras de conectividad, idioma o discapacidad. Y debe prever salvaguardas especiales, o excluir la vía en línea, en conflictos con violencia, asimetrías severas de poder o vulnerabilidad extrema.

Un buen punto de referencia son los estándares del ICODR  para sistemas ODR, que incluyen, entre otros, la accesibilidad, la rendición de cuentas, la igualdad, la imparcialidad, la legalidad, la seguridad y la transparencia. ^[13]No son normas imperativas sino soft law: reflejan el estado técnico, académico y práctico de lo que debe reunir una plataforma confiable. En el ámbito judicial, su adaptación  debe armonizarse con las exigencias de publicidad y reserva y con las formas propias de cada proceso. Otro punto de partida son las Directrices sobre mecanismos de resolución de disputas en línea  en procesos judiciales civiles y administrativos del Comité de Ministros del Consejo de Europa, también de soft law.^[14]

Por último, el ODR judicial necesita evaluación y supervisión continuas. La rama judicial debe conservar el control sobre sus herramientas  y medir  resultados no solo en  rapidez y costos, sino en participación, satisfacción y equidad. La discusión gana peso con la llegada de  la  inteligencia artificial a la resolución de conflictos: habría que definir con precisión qué función cumple el sistema de IA, cuáles son sus límites y cómo se supervisa y revisa, sobre todo cuando pueda influir en decisiones que afectan derechos.

6.     Conclusión

El ODR judicial constituye una herramienta muy poderosa porque hace que el acceso a la justicia dependa menos de la distancia, del dinero y del tiempo disponible. 

Su valor, sin embargo, no está en la plataforma. Está en si llega a ese 48,9 % que hoy prefiere no hacer nada frente a un conflicto, y en si los resultados que obtiene son justos y no solo rápidos. 

Para lograr este objetivo, Colombia necesita dos cosas: una voluntad expresa por adoptar los procesos existentes a estos mecanismos y un sistema que se mida con datos de equidad, no solo de descongestión.

Para el Derecho de la Empresa y los mercados, la discusión tiene una urgencia adicional. Los 1.288 días que tarda hacer cumplir un contrato en Bogotá son un costo que asume cada empresa que decide litigar, y que muchas pequeñas empresas simplemente no pueden pagar. 

Un mecanismo de ODR judicial para disputas comerciales de baja cuantía o que resuelva de manera expedita las numerosísimas acciones de tutela que agobian nuestro sistema es, probablemente, el lugar más sensato para empezar.Parafraseando la cita bíblica, «pues nosotros [mediante el ODR] aguardamos por fe la esperanza de la justicia» (Gal. 5:5).

7.     Referencias

BANCO MUNDIAL. Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, D. C.: Banco Mundial, 2020.

CIVIL RESOLUTION TRIBUNAL. Participant satisfaction survey 2025/26 [en línea]. Victoria (B. C.): CRT. Disponible en: https://civilresolutionbc.ca

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 527 (18 de agosto de 1999). Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 (12 de julio de 2012). Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2213 (13 de junio de 2022). Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria 2430 de 2024. Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto Legislativo 806 (4 de junio de 2020). Diario Oficial, núm. 51.335. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=127580

COMISIÓN ASESORA PARA LA REFORMA A LA JUSTICIA. Balance de propuestas y proyecciones de la segunda etapa de trabajo de la Comisión 2026. Julio de 2026. Disponible en: https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/2026-07/Balance-propuestas-y-proyecciones-COMISION-2026.pdf

CONSEJO DE EUROPA. COMITÉ DE MINISTROS. Guidelines on online dispute resolution mechanisms in civil and administrative court proceedings. Estrasburgo: Consejo de Europa, 2021.

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Justicia y seguridad. En: Informe Nacional de Competitividad 2023-2024. Bogotá: CPC, 2023, pp. 61-95. Disponible en: https://compite.com.co/wp-content/uploads/CPC_INC_JUSTICIA_PAGINDI.pdf

CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. Índice de congestión de la jurisdicción civil, 2013-2025. Bogotá: CEJ.

DANE. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC): necesidades jurídicas. Boletín técnico. Bogotá: DANE, 2024. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECSC/bol-ECSC-NJ-2024.pdf

EL HERALDO. Consejo Superior de la Judicatura suspende términos judiciales por ataque cibernético. Barranquilla, septiembre de 2023. Disponible en: https://www.elheraldo.co/judicial/consejo-superior-de-la-judicatura-suspende-terminos-judiciales-por-ataque-cibernetico

INTERNATIONAL COUNCIL FOR ONLINE DISPUTE RESOLUTION. ICODR Standards [en línea]. Disponible en: https://icodr.org/standards/

NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS. Lessons learned from online dispute resolution [en línea]. Disponible en: https://www.ncsc.org/resources-courts/lessons-learned-online-dispute-resolution

SCHMITZ, Amy J. Medir el “acceso a la justicia” en la era de la digitalización. En: LOZADA PIMIENTO, Nicolás (ed.). Guía de Resolución Electrónica de Conflictos y Justicia Digital. Tomo I. Bogotá: Tirant lo Blanch, 2026, pp. 175-213.

SUPREME COURT OF UTAH. Standing Order No. 13: Online Dispute Resolution Pilot Program (19 de septiembre de 2018). Disponible en: https://ironcountyut.gov/files/jc/small-claims/odr-standing-order-13.pdf

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^[1] Profesor Titular del Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados de la Universidad Externado de Colombia y CEO de Redek, empresa pionera en justicia digital y ODR en América Latina.

^[2] Banco Mundial. Doing Business 2020, indicador de cumplimiento de contratos. Recogido en: Consejo Privado de Competitividad. Justicia y seguridad. En: Informe Nacional de Competitividad 2023-2024. Bogotá: CPC, 2023, p. 64. Disponible en: https://compite.com.co/wp-content/uploads/CPC_INC_JUSTICIA_PAGINDI.pdf. El índice fue descontinuado, pero el dato sigue en uso; véase: Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia. Balance de propuestas y proyecciones de la segunda etapa de trabajo de la Comisión 2026. Julio de 2026. Disponible en: https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/2026-07/Balance-propuestas-y-proyecciones-COMISION-2026.pdf

^[3] Corporación Excelencia en la Justicia. Índice de congestión de la jurisdicción civil, 2013-2025.

^[4] DANE. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC): necesidades jurídicas. Boletín técnico, 2024, p. 9. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECSC/bol-ECSC-NJ-2024.pdf

^[5] Ibid., p. 10.

^[6] Schmitz, Amy J. Medir el “acceso a la justicia” en la era de la digitalización. En: Lozada Pimiento, Nicolás (ed.). Guía de Resolución Electrónica de Conflictos y Justicia Digital. Tomo I. Bogotá: Tirant lo Blanch, 2026, pp. 175-213.

^[7] National Center for State Courts. Lessons learned from online dispute resolution. Disponible en: https://www.ncsc.org/resources-courts/lessons-learned-online-dispute-resolution

^[8] Supreme Court of Utah. Standing Order No. 13. Disponible en: https://ironcountyut.gov/files/jc/small-claims/odr-standing-order-13.pdf

^[9] Véase el reporte de resultados del piloto en: https://ncsc.contentdm.oclc.org/digital/collection/adr/id/66/rec/1

^[10] Civil Resolution Tribunal. Participant satisfaction survey 2025/26. Victoria: CRT. Disponible en: https://civilresolutionbc.ca

^[11] El Heraldo. Consejo Superior de la Judicatura suspende términos judiciales por ataque cibernético. Septiembre de 2023. Disponible en: https://www.elheraldo.co/judicial/consejo-superior-de-la-judicatura-suspende-terminos-judiciales-por-ataque-cibernetico

^[12] Consejo Privado de Competitividad. Justicia y seguridad. En: Informe Nacional de Competitividad 2023-2024. Bogotá: CPC, 2023, p. 78.

^[13] International Council for Online Dispute Resolution. ICODR Standards. Disponible en: https://icodr.org/standards/

^[14] Consejo de Europa. Comité de Ministros. Guidelines on online dispute resolution mechanisms in civil and administrative court proceedings. 2021. Disponible en: https://www.coe.int/en/web/cdcj/newsletter-2021/-/asset_publisher/LQ7tWXdMZxlH/content/new-council-of-europe-guidelines-aimed-at-the-use-of-it-tools-in-civil-and-administrative-proceedings-the-online-dispute-resolution-odr-guideline-2