¿CÓMO PUEDE LA IA USAR LAS NOTICIAS DE LOS PERIÓDICOS? EL CASO LIKE COMPANY ANTE LA JUSTICIA EUROPEA Y SUS LECCIONES PARA COLOMBIA Y LA COMUNIDAD ANDINA

Por: Daniel Peña Valenzuela^[1]

El caso C‑250/25, Like Company contra Google Ireland, es el primer caso sobre inteligencia artificial generativa que llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y las Conclusiones del Primer Abogado General Maciej Szpunar, presentadas el 3 de noviembre de 2026, ofrecen una primera respuesta.^[2]

Like Company, operadora húngara de diversos portales web, demandó a Google ante el Tribunal General de Budapest. En la demanda: (i) invocó el derecho que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/790 reconoce a las editoriales de prensa respecto del «uso en línea» de sus publicaciones y (ii) sostuvo que Google utilizó sus artículos para entrenar los modelos de lenguaje de Gemini y que los reprodujo y puso a disposición del público a través del chatbot entre el 13 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

La tecnología en el centro del debate es la llamada generación aumentada por recuperación (Retrieval-Augmented Generation o RAG), que permite al sistema recoger información de la web en el momento de la consulta y, con frecuencia, extraer artículos de prensa disponibles en línea. El tribunal húngaro planteó cuatro cuestiones prejudiciales: dos sobre el entrenamiento de los modelos y la excepción de minería de textos y datos del artículo 4 de la Directiva 2019/790, y dos sobre las respuestas que el chatbot proporciona a sus usuarios.

Este artículo examina el razonamiento del Abogado General, lo contrasta con la Decisión 351 de la Comunidad Andina (CAN), y evalúa sus implicaciones preliminares en una perspectiva comparada para el derecho colombiano.

1. El razonamiento del Abogado General

Los principales planteamientos del Abogado General son los siguientes:

a) Entrenamiento y respuesta: dos fases que deben separarse

El primer aporte de las Conclusiones es metodológico. Szpunar propone declarar inadmisibles, por hipotéticas, las dos cuestiones relativas al entrenamiento. Por un lado, no hay pruebas en el expediente de que los artículos de Like Company se hayan utilizado para entrenar los modelos de Gemini. Por otro, el entrenamiento de un modelo de lenguaje no constituye un «uso en línea» de publicaciones de prensa, que es el ámbito del derecho de las editoriales.

El Abogado General indica que, por regla general, el uso de obras y prestaciones protegidas para entrenar un modelo de lenguaje está permitido en virtud de la excepción de minería de textos y datos. Este pronunciamiento, aunque formulado a título de obiter, será sin duda citado en futuros debates sobre el entrenamiento de sistemas de IA. La separación entre la fase de entrenamiento y la fase de respuesta permite concentrar el análisis donde realmente se produce el contacto con el público: en lo que el chatbot entrega al usuario.

b) Se protege la forma de expresión, no la noticia

El derecho de la editorial de prensa no protege los meros hechos relatados en las publicaciones, sino únicamente la forma de expresión específica de dichas publicaciones. Su objetivo es proteger la inversión que supone elaborar la publicación, no otorgar a los editores un monopolio sobre la noticia. Se trata de una aplicación, al terreno de la IA, de la clásica dicotomía entre idea y expresión que recorre el derecho de autor desde sus orígenes.

c) Una prueba de dos factores para la reproducción

Según el Abogado General, que el uso de una publicación por el chatbot esté comprendido en el derecho de reproducción depende de dos factores: (i) si el chatbot accedió a la publicación de forma ilícita, en particular eludiendo medidas técnicas eficaces —como un muro de pago— diseñadas para restringir el acceso o la extracción y (ii) si la respuesta se limita a relatar hechos o si, por el contrario, reutiliza la forma de expresión de la publicación de manera reconocible, hasta el punto de que el usuario deja de tener necesidad de acceder a la publicación original.

El segundo factor introduce un criterio de sustitución económica: la infracción se configura cuando la respuesta hace innecesaria la lectura del original. Esta lógica es familiar para el derecho de autor en la era digital, pues coincide con el núcleo de la regla de los tres pasos: las excepciones no pueden atentar contra la explotación normal de la obra.

d) Puesta a disposición del público

El derecho de puesta a disposición del público se vulnera, por regla general, cuando la forma de expresión de la publicación es «sistemáticamente reconocible» en las respuestas del chatbot a las consultas de los usuarios. El acento en la sistematicidad excluye coincidencias aisladas y apunta a patrones de conducta del sistema.

e) Responsabilidad del proveedor

El proveedor del chatbot responde de esos actos cuando son inherentes a su modelo de negocio o cuando no ha establecido medidas adecuadas para contrarrestarlos de forma creíble y eficaz. Este estándar de diligencia tiene vocación de convertirse en referencia más allá del caso concreto.

2. Comparación con la Decisión 351 de la Comunidad Andina

La Decisión 351 de 1993, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, es la norma supranacional de aplicación directa y preferente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su contraste con las Conclusiones revela coincidencias de principio y diferencias estructurales relevantes:

Criterio	Conclusiones en el asunto C‑250/25	Decisión 351
Idea frente a expresión	Solo se protege la forma de expresión de la publicación, no los hechos.	Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras (art. 7).
Titular protegido	La editorial de prensa, mediante un derecho afín propio (art. 15 de la Directiva 2019/790).	El autor, persona física que realiza la creación intelectual (art. 3). No se prevé un derecho conexo propio de las editoriales de prensa.
Límites	Excepción de minería de textos y datos (art. 4 de la Directiva 2019/790).	Regla de los tres pasos (art. 21) y catálogo de excepciones (art. 22). No existe una excepción de minería de textos y datos.
Noticias de actualidad	No hay monopolio sobre la noticia.	El literal f) del art. 22 permite determinados usos con fines de información sobre hechos de actualidad; el TJCA lo ha extendido a los derechos conexos.

2.1      Convergencias

La prueba de la expresión «reconocible» coincide con el artículo 7 de la Decisión 351: en ambos sistemas la información en bruto permanece libre. Asimismo, el criterio de sustitución del original encuentra su equivalente en el artículo 21, que circunscribe las limitaciones y excepciones a los casos que no atenten contra la normal explotación de las obras ni causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha insistido en que las excepciones se someten a la exigencia de «usos honrados». 

2.2      Divergencias

La primera divergencia es subjetiva. En la Comunidad Andina no existe un derecho de las editoriales de prensa: la reclamación de un medio frente a un proveedor de IA tendría que fundarse en los derechos de los autores de los artículos o en la titularidad derivada que la empresa periodística haya adquirido por cesión o por relación laboral.

La segunda es material y probablemente la más importante: la Decisión 351 carece de una excepción equivalente a la de minería de textos y datos. Por ello, el obiter de Szpunar sobre la licitud general del entrenamiento no es trasladable a la región. Cualquier uso no autorizado tendría que encajar en alguna de las excepciones del artículo 22 y superar la regla de los tres pasos, en un contexto en el que el TJCA tiende a interpretar las limitaciones de forma restrictiva.

La tercera se refiere a los entornos digitales. El TJCA ya ha precisado cómo se aplican los literales a) y f) del artículo 22 en páginas web, blogs y redes sociales. Esa jurisprudencia es el punto de partida natural para valorar las respuestas de los sistemas RAG en la región, y es previsible que un caso análogo a Like Company llegue al Tribunal Andino por la vía de la interpretación prejudicial.

3. Análisis a la luz del derecho colombiano

En Colombia, la Decisión 351 se aplica de forma directa y prevalente, y la Ley 23 de 1982 la complementa. La Ley 1915 de 2018 modificó la Ley 23 e incorporó disposiciones de especial relevancia para el análisis de Like Company.

a) Medidas tecnológicas: una vía autónoma

La Ley 1915 de 2018 establece que, independientemente de que concurra una infracción al derecho de autor, incurre en responsabilidad civil quien, sin autorización, eluda las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso a una obra. Esta regla guarda estrecha relación con el primer factor de Szpunar —el acceso ilícito, por ejemplo eludiendo un muro de pago—, pero con una diferencia significativa: en el derecho colombiano, la elusión constituye una infracción autónoma y no un simple elemento para valorar si hubo reproducción. Para un medio colombiano, ello simplifica la estrategia procesal frente a sistemas que extraen contenido protegido tras un muro de pago.

b) Medidas cautelares y excepciones

La misma ley permite acudir a las medidas cautelares propias de los procesos declarativos, herramienta útil frente a usos que se producen en tiempo real. Por otra parte, la Ley 1915 añadió nuevas limitaciones y excepciones, sin perjuicio de las previstas en la Decisión 351, la Ley 23 de 1982 y la Ley 1680 de 2013; ninguna de ellas constituye una excepción general de minería de textos y datos.

c) La reserva de derechos y la cadena de titularidad

La Ley 23 de 1982 contiene reglas propias sobre la reproducción por la prensa de artículos de actualidad, cuya aplicación depende de que se haya hecho constar o no una reserva de derechos. En la práctica, conviene que los medios colombianos verifiquen que sus portales incluyan reservas expresas y que protejan el acceso con medidas técnicas, lo que los coloca en una posición probatoria cercana a la descrita por el Abogado General.

Dado que no existe un derecho de las editoriales, la cadena de cesiones de los periodistas, regida por los artículos 30 y 31 de la Decisión 351, se vuelve decisiva. El TJCA ha interpretado que toda transferencia, autorización o licencia queda limitada a las formas de explotación pactadas; si el contrato no contempla nuevas tecnologías, el autor conserva los derechos correspondientes. Muchos contratos editoriales anteriores a la irrupción de la IA generativa podrían, por tanto, no habilitar al medio para reclamar —ni para licenciar— ese tipo de usos.

Conclusiones

1. Las Conclusiones en Like Company proponen una línea clara y comprensible: la inteligencia artificial puede contar la noticia, pero no sustituir al medio reproduciendo su forma de expresión.
2. La separación entre entrenamiento y respuesta es metodológicamente valiosa; el obiter sobre la licitud general del entrenamiento descansa, sin embargo, en una excepción de minería de textos y datos que no existe en la Comunidad Andina.
3. El criterio de la expresión reconocible coincide con el artículo 7 y con la regla de los tres pasos del artículo 21 de la Decisión 351, pero choca con la ausencia, en el sistema andino, de un derecho afín de las editoriales de prensa.
4. En Colombia, la Ley 1915 de 2018 ofrece una vía autónoma frente a la elusión de medidas tecnológicas; la fortaleza de una eventual reclamación dependerá de la cadena de cesiones de los periodistas y de las reservas de derechos.
5. Queda pendiente la sentencia del Tribunal de Justicia, que podrá confirmar o corregir este enfoque; hasta entonces, las Conclusiones constituyen una guía influyente, pero no vinculante.

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^[1] Docente del Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados

^[2] Este análisis se elaboró a partir del comunicado de prensa oficial n.º 155/26 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de noviembre de 2026, y de la nota informativa publicada en CURIA; se recomienda contrastar las referencias con el texto íntegro de las Conclusiones (ECLI:EU:C:2026:919). Debe subrayarse que el documento comentado no es una sentencia del Tribunal de Justicia, sino las Conclusiones del Primer Abogado General Maciej Szpunar, que no vinculan al Tribunal; la sentencia se dictará en un momento posterior.